Los concesionarios pactan precios según una investigación de la CNC (II)

Ayer me hice eco de una noticia que decía que la CNC había abierto una investigación por supuestas prácticas anticompetitivas realizadas por determinadas empresas dedicadas a la distribución de vehículos. Aquella información me sirvió para meditar sobre algunos de los problemas que el sistema de franquicia con el que operan los concesionarios han generado en los últimos años, en lo que a cuestiones de competencia se refiere. Hoy continuo con esta reflexión.

Ayer me quedé explicando que los rápeles generaban un mayor número de ventas, y que debido a eso se trataba de una política comercial muy apreciada por los fabricantes de coches. Sin embargo, creo que es necesario destacar el modo en el que los concesionarios —sobretodo los grandes— actúan para conseguir ese descuento comercial adicional que les garantiza un mínimo beneficio.

Ahora que parece que la crisis se ha enquistado en nuestra economía, hay que remontarse a la época en la que llegaron las vacas flacas. Los distribuidores de más tamaño, cuyas estructuras de ventas estaban diseñadas para volúmenes muy grandes, comenzaron a tener problemas con el cumplimiento de sus objetivos, no solo por culpa de la recesión sino también debido a la mayor competencia generada por un exceso de oferta. Por eso optaron por la vía fácil y peligrosa: bajar los precios de venta al cliente final para aumentar el atractivo de sus ofertas. Los compradores captaron esa estrategia al vuelo y enseguida la interiorizaron. Qué más daba dónde adquiriesen el vehículo, si al fin y al cabo siempre es el mismo modelo en cualquier concesionario en el que se mire.

Los clientes han aprendido a mirar en muchos sitios y a comparar de un modo muy profesional los presupuestos que les van proporcionando los distintos vendedores. Cuando un concesionario con un objetivo comercial muy elevado rebajaba los precios más que el resto, conseguía un aumento puntual de sus operaciones. De ese modo, alcanzaba el rápel y obtenía la rentabilidad perdida con aquellos descuentos.

La idea era buena, pero siempre dentro de unos límites fijados por los costes sin contar con los rápeles. Aunque, como nos encontramos en un mercado en el que hay libre competencia de oferta, siempre que se produce una reducción, los de alrededor reaccionan bajando también sus tarifas. Y entonces nos encontramos ante una escalada que sería muy positiva para los consumidores y para la libre competencia, si realmente existiese una libertad completa. Pero la distribución no es un mercado de competencia perfecta por lo que expliqué ayer.

Además, el problema se agravó todavía más cuando los concesionarios más grandes, con más pulmón financiero, y mayores compromisos de ventas, empezaron a vender por debajo de los precios de coste con la intención de dar salida a los grandes stocks que habían adquirido cumpliendo las órdenes de las marcas matrices. Esta técnica, conocida con el peyorativo nombre de dumping, se suele usar para expulsar del mercado a una gran parte de la competencia que no puede vender a pérdidas.

La situación no era la mejor. Pese a que los precios seguían descendiendo —con la consiguiente alegría de los compradores—, nadie en la CNC se preocupó mucho de atajar esas prácticas que perjudicaban al mercado en general. Porque el principal efecto del dumping es la expulsión de los competidores más débiles. Y tras la desaparición de muchos vendedores, se termina creando un oligopolio en el que unos pocos se reparten todo el pastel. Y es entonces cuando se produce el efecto contrario: la subida de los precios de venta.

Hace varios años, cuando el mercado de venta de automóviles nuevos se desplomó totalmente, muchos concesionarios que temían por su supervivencia empezaron a reunirse para promover acuerdos de precios que les salvaguardasen del peligro de cierre. Y eso es lo que parece haber despertado a las autoridades que velan por la defensa de la competencia.

En mi opinión, el consumidor tiene derecho a comprar un automóvil a un precio óptimo y justo, fijado con total libertad por el distribuidor en función del encuentro entre la oferta y la demanda. Este precio óptimo nunca debería desajustarse por el lado de los costes (cuando el fabricante obliga a sus distribuidores a que adquieran una cantidad determinada a un precio fijo), al igual que no debe ser inflado artificialmente mediante acuerdos colusivos. Por eso creo que los responsables de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia deberían analizar en profundidad las razones que han motivado una situación que perjudica a todas las partes; sancionando a todos los que hayan fomentado las prácticas anticompetitivas, tanto desde el punto de vista de las exigencias leoninas de los fabricantes, como desde el plano de los establecimientos que han fomentado los pactos que impiden la fijación óptima de los precios.