Los 220 millones de euros que va a destinar el Ministerio de Industria para relanzar la competitividad de la industria automovilística se otorgarán a los mejores proyectos industriales, olvidando que el sector comercial es el que realmente tiene problemas serios.
Mientras que las redes de concesionarios están agonizando por culpa de una crisis propiciada por las bajas ventas, así como por los bancos que han cerrado el grifo de la financiación, o han elevado los intereses de las pólizas de crédito hasta niveles cercanos a la usura, estos préstamos se conceden a un tipo de interés del 3,95%, con un plazo de devolución de 10 años (los dos primeros de carencia). Por otra parte, para beneficiarse de estas líneas de crédito tampoco hace falta presentar ninguna garantía ni aval, y el único requisito es que se generen inversiones guiadas por principios de eficiencia energética, sostenimiento de la producción y flexibilidad. Esto indica que los políticos eligen siempre el camino fácil, apostando a ciegas por una parte del sector, mientras abandonan a su suerte al resto. Ayudar a la industria mientras se deja morir lentamente a la red comercial es un agravio comparativo que se terminará pagando.
A pesar de lo que algunos creen, España no es una potencia automotriz. Pero incluso así, somos uno de los países de Europa con más factorías de coches. Esto significa que hemos sido un buen sitio para que los grandes fabricantes se asienten aquí. En lugar de invertir en I+D+i se decidió que fuesen otros los que inventasen, optando por convertirnos en un país de ensambladores. Algo así como China hoy en día. Un país que prefiere aprovecharse de la inteligencia creativa de otros para crecer, sin ser consciente de que es un gigante con pies de barro.
Las marcas de coches, al igual que otras muchas multinacionales, no son tontas y se establecen en un determinado país porque les proporciona una interesante reducción de costes: terreno gratis, subvenciones, exenciones fiscales, mano de obra barata,… Esfuerzos que no garantizan la pervivencia de la planta, nada más que por un tiempo. En cualquier momento pueden salir volando si llega otra nación que ofrezca mejores condiciones que las que tienen aquí. Algo que aterra a un político que depende de encuestas de popularidad y de elecciones cada cuatro años. En el caso de que un fabricante de automóviles decida cerrar sus instalaciones en España para trasladarlas a Marruecos o a China, es evidente que varios miles de personas se irían a la calle. Eso es lo que hace que estas empresas mantengan permanentemente de rodillas a las administraciones públicas. Al final los políticos genuflexos les dicen a los altos ejecutivos que pidan todo lo que quieran, pero que no se vayan de aquí bajo ningún concepto. Como esas mujeres sin autoestima que prefieren a un marido que las desprecia antes que divorciarse y verse solas.
Ya sé que muchos de ustedes me dirán que estas grandes multinacionales generan mucho empleo y prosperidad. No lo niego. Pero ayudar con 220 millones de euros a corporaciones que están obteniendo más beneficios que nunca, en una coyuntura económica internacional desesperada, no me parece racional. No me parece coherente que se entreguen este tipo de subvenciones cuando en España el mercado se hunde desde hace varios años y nadie hace nada por evitarlo.
No estoy pidiendo ni siquiera ayudas directas a la compra de vehículos, que me parecen ineficientes ya que generan un aumento puntual de las matriculaciones que cae en cuanto dejan de estar operativos los subsidios. Sin embargo, a través de la política fiscal, se pueden instrumentar medidas que impulsen la demanda con vigor y ritmo. Estoy convencido de que si se rebajara el IVA –por poner un ejemplo- hasta el nivel de otros productos que disfrutan de tipos reducidos, las ventas de coches crecerían considerablemente. Y sólo de ese modo se garantiza que miles de puestos de trabajo pertenecientes a las redes comerciales se mantengan (aunque las cifras se han distorsionado totalmente, a finales de 2010 los concesionarios aglutinaban a un total de 122.000 trabajadores, frente a los 63.000 empleos generados por la industria)
Con los 220 millones para créditos blandos aprobados ahora se ha mejorado algo, ya que en años anteriores las ayudas eran una verdadera bicoca. Una diferencia fundamental respecto a otras convocatorias es que los plazos de amortización se han acortado, pasando de 15 años a los 10 actuales. Además, estas líneas de crédito no suponían antes costes financieros, al prestarse el dinero al 0%; mientras que ahora hay que pagar un módico interés del 3,95%. Aunque parece que hemos avanzado un poco, no termino de creerme que estas inversiones realmente sirvan para facilitar la “anticipación del sector a los futuros requerimientos del mercado”, ya que los propios fabricantes prosiguen en sus coacciones. Lo último es que, a pesar de todos los ajustes que están haciendo las factorías españolas, los constructores podrían optar por la deslocalización hacia mercados de mayor peso debido a las pocas matriculaciones generadas en España. Es decir, que por mucho que hagan, si en España no se vende, terminarán por marcharse. Y el problema no sólo es de España, ya que en Europa se produce mucho más de lo que puede venderse.
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