Siempre he pensado que no valdría para dedicarme a la política. De cualquier forma, si no me quedase más remedio, preferiría que me encomendasen la misión de decidir y aplicar los recortes de coches oficiales que el Consejo de Ministros aprobó el jueves 8 de noviembre. Y lo haría sin que me temblase el pulso. Porque lo tengo muy claro: en cada Ministerio debe haber un automóvil para el ministro y otro para el resto de altos cargos que deberían ponerse de acuerdo entre ellos para usarlo alternativamente. Una tercera unidad se destinaría al resto de funcionarios que realmente lo necesiten para desplazamientos requeridos en el ámbito de sus funciones. Y ni uno más.
Me parece que, una vez más, el recorte es poco valiente, ya que de 307 unidades actuales se va a pasar a 103. No está mal para la Administración Central. Sin embargo, todos sabemos que el gran despilfarro se encuentra en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Si el Gobierno tuviese verdadera voluntad, podría promulgar una norma que estableciese los criterios básicos a la hora de utilizar un vehículo oficial en cualquier administración pública, que deberían ser muy similares a los que he expuesto en la entradilla.
Otra asignatura pendiente que no están por la labor de cambiar es la de mejorar la imagen que se ofrece a los contribuyentes. Esto quiere decir que sería un gesto hermoso que los políticos rebajasen el nivel de las gamas de sus parques móviles (de marcas premium a generalistas), decantándose por los coches menos contaminantes, y promulgando un uso más racional de los mismos. Ahora que la amenaza terrorista ha descendido, ningún concejal de tres al cuarto puede escudarse en criterios de seguridad para mantener automóviles innecesarios que pasan la mayor parte del tiempo aparcados en segunda fila delante de restaurantes de lujo. Porque no hay cosa más fea en tiempos de crisis que las estampas de chóferes aburridos que aguardan a que sus jefes apuren la segunda o tercera copa de licor tras un almuerzo de trabajo.
Y por último, sería muy conveniente que se hiciesen públicos los datos correspondientes a las retenciones fiscales aplicadas a todas aquellas autoridades que gozan de un vehículo oficial. Porque si las empresas privadas están obligadas a realizar retenciones a cuenta del IRPF a todos aquellos empleados a los que les ceden un coche -ya sean los gerentes de la empresa, o los comerciales que tienes que viajar vendiendo los productos de la empresa- es de justicia que lo mismo suceda en la función pública. Sobre este asunto se produce además un curioso fenómeno imponible que también confío en que se aplique a las autoridades con automóvil a cargo del erario público: aunque el automóvil lo dejen el viernes por la tarde aparcado en las instalaciones de la empresa para volverlo a recoger el lunes por la mañana, Hacienda entiende que durante el fin de semana se hace un uso particular del mismo que debe tributar.
Wanderer75 