Las claves sobre el rescate a las concesionarias de autopistas

Definitivamente, “Spain is different”. Cuando leo que el Gobierno está ultimando el rescate a las empresas concesionarias de autopistas de peaje que están al borde de la quiebra, no me resisto a fantasear acerca de si algo así habría ocurrido en un país civilizado. Y la respuesta, a priori, es que no. Básicamente porque nadie con dos dedos de frente habría creado una red de autopistas de peaje sin estimar correctamente la demanda real de tales infraestructuras; a la par que se infravaloraban los costes de expropiación, con el resultado de una pérdida para las concesionarias de cerca de 2.000 millones de euros.

¿Realmente es lícito que un Gobierno salga al rescate de las empresas concesionarias? Esta pregunta ya se planteó cuando el Estado rescató a las entidades financieras con serios problemas de viabilidad. Y los argumentos a favor y en contra podrían ser muy similares. No es una cuestión propia de Wanderer75 juzgar la conveniencia o no del rescate a los bancos; pero sí que voy a opinar sobre el salvamento de las concesionarias de las autopistas, que en mi opinión es ya una realidad pendiente únicamente de los flecos sobre la valoración de los activos en función de las quitas que se realicen.

Este problema viene de largo. Aunque muchos piensan que comenzó a principios de la pasada década, durante la segunda legislatura de Aznar, la debacle tuvo su origen en los años ochenta. El gobierno de Felipe González se encontró con una lluvia de millones procedentes de los fondos estructurales europeos. El objetivo era construir una serie de infraestructuras que nos igualasen a nuestros nuevos socios europeos. Entonces comenzaron a desdoblarse las antiguas carreteras nacionales radiales (N-I a N-VI), aprovechando las antiguas calzadas para uno de los sentidos.

Las autopistas resultantes no podían emplear esa denominación, por culpa de la desaparición de las antiguas carreteras convencionales, que privaban al resto de vehículos (ciclomotores, tractores, bicicletas,…) no considerados automóviles de una vía alternativa por la que circular. Por eso la Ley de Carreteras de 1988 modificó los términos, consagrando con el nombre de autovías (o autopistas de medio pelo) a este tipo de infraestructuras que no cumplen con todos los requisitos para ser autopistas.

Lo descrito en el párrafo anterior era un apaño inspirado por la secular cutrez de nuestros gobernantes. Pero a ellos poco les importó, ya que continuaron con aquel dislate. Poco a poco fueron creando una red de autovías bastante amplia, y cada vez con unas características más cercanas a lo que en el resto del mundo se entiende por autopista. De hecho, en el imaginario colectivo se instaló una concepción por la que la autopista se diferenciaba de la autovía únicamente en los peajes (puede haber otra diferencia en los límites de velocidad).

Por más que he investigado, no he conseguido encontrar una fuente que diferencie claramente ambos conceptos. Y eso es algo que ha jugado siempre en contra de las empresas concesionarias. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Aznar convenció a un grupo de constructoras para que abanderasen la nueva revolución vial. Pero en lugar de que esos proyectos fuesen costeados con dinero público, pensaron que la modalidad más conveniente podría ser la de la autopista de peaje.

Mediante esa fórmula, la empresa concesionaria financia la construcción sin que sea necesario movilizar recursos públicos. Se supone que si la autopista es viable, el promotor rentabilizará su inversión y obtendrá un beneficio. Pero parece que por algún motivo —que desconozco, pero que me puedo imaginar fácilmente— no se hicieron correctamente las previsiones y esta nueva oleada de autopistas han resultado ser un fiasco total. En otras ocasiones, ya he escrito sobre la desolada imagen que transmiten unas infraestructuras completamente vacías, sin apenas coches que las utilicen. Recuerdo que en una ocasión, utilizando una de las radiales de peaje que salen de Madrid, cuando llegué al puesto de peaje, la chica que atendía los cobros se alegró muchísimo al verme aparecer. Según me explicó, a las doce del mediodía, era el primer cliente que pasaba por aquel punto.

Es obvio que esas autopistas son ruinosas. Y creo que el rescate es una realidad irreversible. Pero lo que no debemos tolerar —por muchas servidumbres o deudas de honor que el actual Gobierno tenga con las empresas concesionarias— es que ahora hagan negocio con el dinero público. Porque según pude leer ayer en el periódico El Mundo, la poderosa patronal SEOPAN está presionando para que el precio de recompra de las concesiones por parte del Estado sea mucho más alto de lo que ofrece la ministra de Fomento (las empresas deficitarias acumulan una deuda total de 4.500 millones de euros). Con el argumento de que ellos se deben a sus accionistas y que no pueden regalar las concesiones, están intentando socializar sus pérdidas con el dinero de todos.

Veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero tengo la impresión de que los intereses de unas pocas empresas no suelen coincidir con lo mejor para todos los españoles. Y en este tipo de confrontaciones, ya sabemos quién suele ganar. ¿Están ustedes de acuerdo con lo expuesto en este artículo? Espero sus comentarios.

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